En el intrincado tejido de la administración gubernamental, la asignación de recursos fiscales emerge como un tema de aguda preocupación en Nuevo León. Más allá de la retórica gubernamental, las cifras pintan un panorama desafiante, marcado por disparidades significativas en la distribución de recursos, revelando un sistema que parece favorecer a unos pocos a expensas de muchos.
Desigualdad a nivel nacional
A nivel nacional, el Pacto Federal, destinado a fomentar el desarrollo equitativo entre los estados, parece tambalearse en su intento de evitar desigualdades económicas marcadas. En el 2020, Nuevo León, contribuyente clave con $279,000 millones en impuestos, solo recibió de vuelta $31,000 millones en participaciones federales. Esta desproporción plantea dudas sobre la efectividad del sistema actual para compensar adecuadamente a quienes más aportan.
Dentro del estado, la Ley de Coordinación Hacendaria busca establecer reglas claras para la distribución de recursos a los municipios. No obstante, la aplicación de factores como la eficiencia recaudatoria y la población introduce distorsiones notables. La realidad es que los municipios urbanos y periféricos enfrentan realidades distintas, desde el crecimiento poblacional hasta la dificultad para recaudar impuestos prediales.
En Nuevo León, unos pocos se benefician en detrimento de comunidades enteras
Esta disparidad se traduce en una asignación per cápita que favorece de manera desproporcionada a los municipios urbanos. Mientras estos reciben $2,900 pesos por ciudadano, los periféricos —como Juárez— se ven limitados a escasos $700 pesos por persona, según explica un estudio de Evaristo Benavides. Una brecha del 30%, que refleja un sistema que privilegia a unos pocos en detrimento de comunidades enteras.
La inequidad se hace más evidente al comparar municipios como San Pedro y Juárez. San Pedro, con la mayor asignación per cápita, obtiene $11,300 pesos por persona, mientras que Juárez, en el extremo opuesto, se conforma con apenas $700 pesos por habitante. Estas cifras plantean preguntas incómodas sobre la justicia en la distribución de recursos dentro del estado.
El gobierno de Nuevo León, en su afán de garantizar un desarrollo equitativo, debe abordar estas disparidades de manera más enérgica. La asignación de recursos no puede convertirse en una herramienta que perpetúe la desigualdad, sino que debe ser un medio para impulsar el crecimiento equitativo de todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.
Es esencial replantear el enfoque hacia los municipios rezagados, considerando su contexto particular y proporcionándoles los recursos necesarios para superar sus desafíos únicos. Además, a nivel federal, se deben revisar los mecanismos de distribución para garantizar que los estados que más contribuyen sean recompensados de manera justa, sin dejar de lado la responsabilidad de apoyar a quienes enfrentan mayores desafíos económicos.
Desigualdad financiera: un verdadero reto para el estado
La desigualdad financiera en Nuevo León no es simplemente un tema de números; es una realidad que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes. En un estado donde la prosperidad debería ser un derecho para todos, el gobierno tiene la responsabilidad de abordar estas disparidades de manera urgente y efectiva, asegurando un futuro más equitativo para todos los municipios.
En el complejo entramado de la distribución de recursos en Nuevo León, el gobierno local asume un papel cuestionable. La falta de transparencia en las políticas y la distribución aparentemente sesgada de recursos plantean interrogantes sobre la imparcialidad del proceso. Los municipios periféricos, en este escenario, se ven desfavorecidos de manera sistemática.
Resulta imperativo revisar estas prácticas para garantizar una asignación más equitativa de los recursos, cuestionando la gestión gubernamental actual y abogando por un enfoque más justo que atienda las necesidades de todos los municipios de manera equitativa. La opacidad gubernamental en Nuevo León alimenta desigualdades en la distribución de recursos. Urge una revisión imparcial para corregir sesgos y garantizar una asignación justa y equitativa para todos los municipios.
